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Compartir trabajadores entre varias sociedades puede ser relevante para defender la reducción por empresa familiar en una herencia. La clave está en demostrar su dedicación efectiva a la gestión de los alquileres de cada entidad.

En muchos grupos familiares, una misma plantilla gestiona los inmuebles de distintas sociedades. Esta organización plantea una cuestión fiscal: ¿Puede acreditarse la actividad económica de una arrendadora cuando el personal está contratado por otra entidad del grupo?

El comentario publicado sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 1 de octubre de 2026, recoge un criterio favorable a valorar esa organización compartida, siempre que exista prueba suficiente del trabajo realizado.

¿Por qué importa la existencia de actividad económica?

La aplicación de los beneficios fiscales de la empresa familiar exige cumplir diversos requisitos. En sociedades dedicadas al arrendamiento, uno de los puntos de discusión es si existe una verdadera actividad económica.

El artículo 27.2 de la Ley del IRPF exige, para ordenar esta actividad, al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Su aplicación resulta relevante en el análisis de las participaciones familiares y de los beneficios vinculados a su transmisión.

Por ello, la organización del personal y la prueba de sus funciones pueden resultar decisivas en una comprobación tributaria.

Personal compartido: hay que demostrar qué trabajo realiza

Según el análisis publicado de la resolución, la Sala admitió los cuadros de imputación del personal del grupo como prueba de la dedicación a determinadas sociedades arrendadoras.

La enseñanza práctica es que debe examinarse la realidad de los servicios prestados y su asignación a cada entidad. La identificación de la sociedad que abona las nóminas no agota ese análisis.

Esto no permite afirmar que cualquier trabajador del grupo cumpla automáticamente el requisito para todas sus sociedades, ni que baste sumar horas de forma genérica. La dedicación debe justificarse con datos concretos, coherentes y contrastables.

¿Qué documentación conviene conservar?

Para acreditar una organización compartida, resulta aconsejable disponer de:

  • Contratos laborales, nóminas y descripción de funciones.
  • Registros de dedicación que identifiquen las tareas y el tiempo destinado a cada sociedad.
  • Acuerdos de prestación de servicios y documentación de repercusión de costes, cuando corresponda.
  • Correos, partes de trabajo y actuaciones de gestión de los arrendamientos.
  • Relaciones de inmuebles y contratos que permitan explicar la carga de trabajo.

Estos documentos deben reflejar la actividad realmente desarrollada. Una factura interna o un cuadro de horas, por sí solos, pueden resultar insuficientes si no cuentan con respaldo.

La reducción exige revisar otros requisitos

Acreditar los medios personales no garantiza por sí solo la reducción por empresa familiar. También deben analizarse la composición del activo, la afectación de los bienes y los restantes requisitos relativos a las participaciones, las funciones de dirección, la remuneración, el parentesco y el mantenimiento que sean aplicables.

Además, superar el análisis de entidad patrimonial no significa que todo el valor de las participaciones quede necesariamente beneficiado. El alcance del incentivo exige un cálculo específico conforme a la normativa aplicable.

Planificar y documentar antes de la sucesión

Los grupos familiares que centralizan la gestión de sus alquileres deberían revisar periódicamente su organización y conservar pruebas de los servicios prestados a cada sociedad.

El criterio comentado puede apoyar la defensa de una reducción discutida por la Administración, pero requiere examinar los hechos y la prueba de cada expediente. Una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia no constituye por sí sola jurisprudencia del Tribunal Supremo ni asegura el resultado de otros procedimientos.

Debemos analizar la estructura de los grupos familiares y la documentación necesaria para planificar su transmisión y defender los beneficios fiscales que correspondan.

Referencias normativas: artículo 27.2 de la Ley 35/2006 del IRPF y artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio.

Resolución identificada en el texto facilitado: TSJ de Andalucía, Málaga, sentencia 1503/2026, de 1 de octubre; recurso 424/2025; ECLI:ES:TSJAND:2026:13278.

Nota de fuentes: no ha sido posible consultar el texto íntegro de esta sentencia en CENDOJ. La descripción de su criterio procede del texto facilitado y del comentario publicado en Recurrir Tributos el 11 de noviembre de 2026. No se ha verificado su firmeza.

Fuentes:

 

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