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Una valoración interna anterior a la comunicación de inicio puede ser decisiva para recurrir una liquidación tributaria. El TEAC recuerda que el plazo del procedimiento puede haber comenzado antes de que el contribuyente reciba la primera notificación.

Cuando Hacienda revisa el valor declarado de un inmueble, conviene comprobar tanto la valoración como las fechas del expediente. Esta revisión puede resultar especialmente útil ante liquidaciones por el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o por sucesiones y donaciones.

¿Desde cuándo se cuenta el plazo?

En su resolución de 29 de septiembre de 2026, RG 00/03099/2025, el Tribunal Económico-Administrativo Central aplica la jurisprudencia del Tribunal Supremo: la solicitud de un dictamen pericial para verificar el valor de un bien inicia materialmente la comprobación. La comunicación posterior al interesado no permite retrasar ese comienzo.

Si no consta cuándo se solicitó el estudio, puede tomarse su fecha de emisión cuando su contenido y utilización acrediten que ya se estaban realizando actuaciones de comprobación. La ficha oficial advierte que se trata de un criterio relevante aún no reiterado, que no constituye doctrina a efectos del artículo 239 de la Ley General Tributaria.

El caso: una nave industrial en Andalucía

La Administración utilizó un estudio de 6 de junio de 2023 para fundamentar una comprobación sobre una nave adquirida en 2019. La liquidación se notificó el 17 de enero de 2024.

El TEAC consideró superado el plazo de seis meses y declaró la caducidad. Además, al quedar sin efecto la interrupción de la prescripción producida por las actuaciones del procedimiento caducado, reconoció que había prescrito el derecho a liquidar.

Caducidad y prescripción: dos efectos distintos

La Ley General Tributaria establece que la caducidad obliga a archivar las actuaciones, pero no produce por sí sola la prescripción. Las actuaciones del procedimiento caducado no interrumpen ese plazo, aunque los documentos y pruebas obtenidos pueden conservar su eficacia en otro procedimiento.

Por tanto, si el derecho a liquidar todavía no ha prescrito, la Administración puede iniciar una nueva comprobación. El plazo general de prescripción es de cuatro años y, para determinar la deuda tributaria, se cuenta desde el día siguiente a la finalización del plazo reglamentario de declaración o autoliquidación, considerando las posibles interrupciones válidas.

Tampoco basta con comparar dos fechas: Deben revisarse las incidencias que legalmente afecten al cómputo y las reglas sobre cumplimiento de la obligación de notificar dentro de plazo.

¿Qué debe revisar el contribuyente?

Ante una comprobación de valores, recomendamos solicitar el expediente completo y localizar:

  • La petición al servicio de valoración.
  • El primer informe o estudio utilizado para comprobar el valor declarado.
  • La comunicación de inicio y la documentación que la acompaña.
  • La liquidación y los justificantes de su notificación.
  • Las incidencias que puedan afectar a la duración del procedimiento.

No cualquier informe previo determina el inicio. Es necesario acreditar su vinculación material con la comprobación. Un estudio general no basta por su mera existencia; resultan decisivos su finalidad y el uso que la Administración haya hecho de él en el expediente.

Es importante revisar las comprobaciones de valores y los plazos de tramitación para determinar si procede formular alegaciones o recurrir la liquidación, incluida la posible caducidad y prescripción.

Fuentes oficiales:

 

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