Inquietud entre los asesores fiscales por el despliegue tecnológico de la Agencia Tributaria (AEAT). La asociación española de asesores fiscales (Aedaf) ha elaborado un documento titulado «Propuestas de mejora de la normativa general tributaria» en el que exige al fisco, entre otras muchas cuestiones, que restrinja los recientes avances algorítmicos y la inteligencia artificial que está incorporando en este organismo.
Así, estos profesionales, que trabajan para defender al ciudadano ante Hacienda, exigen al fisco más transparencia de cara al contribuyente y que incorpore nuevos principios y derechos como «el derecho del ciudadano a no ser objeto de una decisión administrativa que evalúe aspectos personales» y también «a conocer el sesgo en los programas utilizados para elaborar perfiles, lo que requiere algoritmos transparentes».
Hacienda mira a las nuevas tecnologías
La Agencia Tributaria reconoce en su propio Plan Estratégico 2020-2023 que «la AEAT siempre ha estado a la vanguardia en la utilización de nuevas tecnologías y esta circunstancia ha experimentado un impulso muy relevante en los últimos años con el desarrollo de nuevas herramientas de selección, obtención y tratamiento de la información y de utilización de inteligencia artificial para la realización de las actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes». Así, vemos que Hacienda se excusa en la «atención» al contribuyente a la hora de desarrollar la IA. Cabría preguntarse si el verdadero uso de esa IA no es recaudar más.
En la actualidad, para el fisco «cobran una importancia creciente los sistemas de análisis de información» y es por ello que «en los próximos años la Agencia Tributaria aprovechará el potencial que ofrece la tecnología para culminar el proceso de automatización en la tramitación de procedimientos iniciado hace años» anticipa Hacienda. De esta forma, la AEAT apuesta por delegar en sus robots inspectores algunos trabajos para los que antes se encargaban sus funcionarios. «Se liberarán recursos humanos para las actividades de mayor valor añadido, se garantizará un tratamiento uniforme a los contribuyentes, se podrá facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y contribuir a erradicar el fraude fiscal. Para ello serán claves tecnologías como el tratamiento del lenguaje natural, el tratamiento avanzado de datos y la inteligencia artificial» han explicado.
Hacienda considera que ha tenido una «experiencia satisfactoria en la utilización de la inteligencia artificial como forma de proporcionar información personalizada» al contribuyente gracias al Asistente Virtual del Suministro Inmediato de Información (SII), que es una herramienta basada en la inteligencia artificial que proporciona respuestas «de forma interactiva y en lenguaje natural» a las dudas del contribuyente vía chat. Este éxito «se hace extensible a la Asistencia Integral a los contribuyentes en el IVA, implantando progresivamente el Asistente Virtual del IVA. Como complemento del mismo, también se han puesto en funcionamiento nuevas herramientas de asistencia tales como la calculadora de plazos, el «localizador» del hecho imponible, el calificador inmobiliario y la ayuda para la confección del modelo 303 para arrendadores» repasa la agencia tributaria.
Además, Hacienda también ha creado la Unidad Central de Grandes Patrimonios que se dedica a «impulsar el control de este colectivo de contribuyentes a partir del uso intensivo del big data».
Pero el aumento del cerco de la Agencia Tributaria al contribuyente no se queda sólo en lo tecnológico u online. En los últimos tiempos, la Justicia también ha puesto en entredicho a las prácticas del fisco a la hora de realizar registros domiciliarios presencialmente.
«Como es bien conocido, en los últimos años se ha producido una gran conflictividad en relación con la entrada y registro en domicilio realizado por los órganos de la inspección de los tributos de la AEAT, que además, ha dado lugar a importante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia, siendo un hito la sentencia del nº 1231/2020 de 1 de octubre de 2020, rec. 2966/2019 cuya doctrina establecía la imposibilidad de iniciar el procedimiento de inspección en el momento de registro» recuerda Aedaf.
“La desproporcionada actuación de los inspectores de Hacienda en esta taberna cordobesa puso patas arriba a los registros sorpresa que venía elaborando Hacienda en empresas y domicilios hasta entonces. También acabó con las «corazonadas» de los inspectores a la hora de entrar en los domicilios de los contribuyentes”.
«En fechas recientes, otra sentencia del Tribunal Supremo, en concreto la número 1207/2023 de 29 de septiembre de 2023, referida al contenido almacenado en un ordenador personal, concluye que la misma doctrina legal del Tribunal Supremo relativa a la entrada y registro en domicilios protegidos es extensible a las actuaciones administrativas conducentes a obtener un acceso y tratamiento de la información almacenada en un dispositivo electrónico que pueda resultar protegida por los derechos fundamentales a la intimidad personal, familiar y al secreto de las comunicaciones» recuerdan los inspectores.
Esta es la razón de que el Tribunal Supremo anulara una sentencia que avaló el acceso a los archivos personales del contribuyente en lugar de llevar a cabo una inspección menos intrusiva.
Por todo ello, los fiscalistas exigen en el mencionado documento seguridad jurídica ante Hacienda. «Ante todo lo expuesto, es el momento de exigir al legislador una normativa que desarrolle las previsiones necesarias para que todas las partes intervinientes en este tipo de actuaciones de la Administración tributaria estén dotadas de seguridad jurídica». Por lo tanto, también «demandamos el desarrollo completo de este tipo de actuaciones y que dicha regulación se realice a través de Ley orgánica» que regule el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
