Existen tres prestaciones económicas que la Junta de Andalucía ofrece a las personas con algún grado de dependencia reconocido. Estas ayudas están destinadas a aumentar la calidad de vida y la autonomía personal de los/as integrantes de dicho colectivo. Para ser beneficiario/a hay que residir en un municipio de la comunidad autónoma andaluza y cumplir con unos determinados requisitos, establecidos en la normativa vigente.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, gestiona una serie de servicios destinados a favorecer el día a día de las personas que se encuentran en situación de dependencia oficialmente reconocida y que residan en la comunidad autónoma andaluza. En concreto, ofrece estas tres prestaciones económicas:
Cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales
La ayuda para al entorno familiar está dirigida a las personas dependientes que son atendidas por su propia familia, es decir, actuando como cuidadores no profesionales. Pueden recibirse cuantías escalables según el grado de discapacidad reconocido, que parten de los 153 euros hasta los 442 euros.
Para ser cuidador/a hay que cumplir estos requisitos:
- Tener más de 18 años.
- Residir legalmente en España.
- Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad hasta en tercer grado.
- Los cuidados deben proporcionarse durante al menos un año.
Asistencia personal
La ayuda económica por asistencia personal está dirigida a cubrir los gastos que se produzcan, debidos a la contratación de un asistente personal. Un/a profesional que se encargaría de acompañar a la persona en situación de dependencia, facilitando su acceso al empleo, formación, participación social y ocio. Para ser asistente personal hay que estar dado de alta en la Seguridad Social. Esta prestación puede llegar hasta los 833 euros, en caso de Grado III Nivel 2 de discapacidad.
Ayuda vinculada a la adquisición de un servicio
La prestación vinculada al servicio, es una ayuda económica que está pensada para aquellas personas en situación de dependencia que, por cualquier motivo justificado, no pueden tener acceso a determinado servicio público o concertado. Por lo tanto, las cuantías, que pueden llegar también a los 800 euros, en los grados de dependencia más severos, sirven para financiar los costes de los servicios que les proporcionen determinadas entidades privadas.
